La condena civil llegó antes que la penal. Dos monjes del monasterio Cristo Orante de Tupungato y el arzobispo de Mendoza fueron condenados a pagar una multa millonaria por daños y perjuicios derivados de abusos sexuales, de autoridad, manipulación espiritual y vulneración de derechos denunciados por un joven seminarista.
La víctima, Nicolás Bustos Nortond, enunció que los abusos sexuales ocurrieron entre 2009 y 2015, y que comenzaron cuando él tenía 17 años.
Los condenados a pagar la multa son los sacerdotes Oscar Portillo (71) y Diego de Jesús Roqué (58), quienes en 2019 estuvieron detenidos, con prisión domiciliaria, pero en 2022, fueron sobreseídos en primera instancia.
En marzo de 2026, la Corte mendocina ordenó que se reabra la causa y avanza la acusación penal. Los jueces del máximo tribunal rechazaron el argumento de la defensa, que sostenía que se trataba de “relaciones libres entre adultos”. Ahora los monjes están imputados pero no detenidos.
El juez civil Fernando Games, en su sentencia del pasado 4 de junio, rechazó los planteos de prescripción y falta de legitimación que habían presentado los demandados y admitió la demanda por daños y perjuicios promovida por la víctima.
La sentencia del Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Civil, Comercial y Minas N° 1, sumó la responsabilidad del Arzobispado de Mendoza, que desoyó la denuncia y trató de deslindarse del caso judicial cuando tenía facultades concretas de supervisión, control y disciplina sobre el monasterio y sus integrantes.
En conjunto, los monjes y la Iglesia católica deberán pagar $ 18.592.000 como reparación a la víctima.
El ex seminarista se animó a denunciar cuando tenía 19 años. En la sentencia se argumenta que existió una situación de asimetría de poder, atravesada por la autoridad espiritual que ejercían los monjes sobre el denunciante, quienes ejercían temor reverencial y manipulación de la conciencia del seminarista.
La Justicia mendocina acusó al obispo de falta de vigilancia, ya que la institución tenía indicios de conductas inapropiadas desde 2015 y solo aplicó una “amonestación paternal” que resultó ineficaz para prevenir mayores daños.